Obligaciones legales de un negocio digital

La puesta en marcha de un sitio de comercio electrónico requiere, como en cualquier ámbito profesional o personal, la correcta adecuación de la actividad a la normativa aplicable. En el caso del comercio electrónico, debe tenerse en cuenta tanto la legislación específica, como aquellas otras normas generales que le afectan y que hay que aplicar adaptándose al entorno digital. Más allá de los requisitos y trámites legales comunes a la creación de cualquier empresa (cuestiones societarias, fiscales o administrativas), en el ámbito de un negocio digital tenemos que tener en cuenta, fundamentalmente, lo siguiente:

  • Las obligaciones establecidas por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico (LSSI).
  • La normativa sobre venta a distancia, especialmente la recogida en Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista y la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, así como la relacionada con consumidores (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).
  • Tratamiento legal de los datos de carácter personal, según la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
  • Protección de contenidos y posibilidades de uso de los de terceros: Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
  • Protección de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas) y nombres de dominio.

El empresario o profesional que acomete un negocio electrónico debe ver el correcto cumplimiento legal de las normas que hemos comentado no sólo como una mera obligación, destinada a evitar sanciones administrativas por incumplimientos legales, o problemas con clientes y usuarios. Más allá de eso, el cumplimiento legal es una inversión, una oportunidad y una importante ventaja competitiva para la empresa: transmite mejor imagen y confianza a los clientes, ayuda a una mejor organización del negocio, protege el patrimonio material e inmaterial de la empresa y supone un ahorro en recursos humanos y económicos por la prevención de situaciones de conflicto con terceros.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *