Categoría: Máster en Asesoría Jurídica y Fiscal de Empresas (Extensión Universitaria)

IRPF en España

El IRPF es el impuesto más representativo en el panorama tributario español porque afecta a más contribuyentes que ningún otro, desde el punto de vista de presentación de borradores o autoliquidaciones.

Se trata de un impuesto que necesita de la colaboración de los obligados tributarios porque, aunque la Administración tributaria posee muchísima información sobre los interesados, es imprescindible señalar los datos que tienen trascendencia para liquidarlo correctamente, y que pueden no ser conocidos por la AEAT.

IRPF

Lo más característico de este impuesto es que es progresivo, es decir debe pagar más cuota quien más renta obtiene, entendida en términos individuales. Esto significa que, además de la renta, se toman en consideración circunstancias personales y familiares del sujeto pasivo, que pueden condicionar la renta disponible que ha obtenido el contribuyente, de tal modo que tiene un tratamiento tributario más favorable quien más cargas personales o económicas soporta (minusvalía, edad, hijos, padres o suegros, asistencia..etc).

La liquidación quiere agrupar todas las rentas que se perciben en un año por un sujeto o por una unidad familiar. Es el único impuesto que utiliza esta referencia de unidad familiar y todo ello con la finalidad de reducir el número de declaraciones.

Con la autoliquidación que se presenta entre abril y junio de cada año lo que se hace es regularizar el montante que se debe pagar, pero como en la mayor parte de las situaciones ya se ha abonado el impuesto por vía de retenciones o pagos fraccionados, el resultado final en un alto porcentaje es con derecho a devolución del exceso que ya se ha pagado.

El IRPF, finalmente, presenta muchísimos matices y variedades por los distintos tipos de renta y deducciones – algunas de ellas autonómicas – y por ello se encuentra en permanente modificación, lo cual exige estar al tanto de su normativa

¿Quieres saber las razones para estudiar el master en Asesoría Jurídica y Fiscal de Empresas?

Milagros Alonso Bravo - master en asesoríaMilagros Alonso Bravo, directora del Master en Asesoría Jurídica y Fiscal de Empresas (Extensión Universitaria), contesta a nuestras preguntas para que puedas conocer los objetivos y puntos fuertes de realizar nuestro master.

¿Tres razones para hacer el master?

  • El master facilita una formación teórica y práctica, especializada y completa que abarca todas las materias jurídico-contables que constituyen el marco sobre el que se asienta la actividad de la empresa.
  • El master facilita a los alumnos la adquisición de conocimientos especializados y el dominio práctico de las competencias para la incorporación como asesores a los Departamentos jurídicos de empresas ya consolidadas
  • El master facilita la adquisición de conocimientos y competencias prácticas para la creación de una empresa propia de asesoramiento empresarial

¿Qué valor aporta respecto a otros masters similares?

  • La escuela de Negocios pone a disposición de los alumnos del master Servicios de Inserción laboral (Bolsas de empleo y herramientas de Orientación laboral- Coaching) disponibles en la Web de la Cámara de Comercio

¿Cómo beneficiará al alumno en su carrera profesional?

El alumno:

  • Obtendrá unos fundamentos y conocimientos sólidos y especializados para acometer la asesoría jurídica y fiscal de una empresa
  • Asumirá una visión práctica de la realidad empresarial
  • Fomentará las habilidades de hablar en público, trabajar en equipo
  • Dispondrá de las herramientas necesarias para orientar, mejorar y adaptar a los cambios su desarrollo personal y profesional

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Clonación de tarjetas bancarias y delito de estafa

Las tarjetas de crédito y débito se han convertido en uno de los instrumentos de pago preferidos para realizar operaciones de consumo. La generalización de estos instrumentos de pago ha provocado un aumento significativo de fraudes en su utilización. Fraudes que se pueden cometer en comercios, en pagos realizados a través de las redes telemáticas y en cajeros automáticas.

En comercios, se producen mediante la presentación de una tarjeta ajena obtenida ilícitamente para el pago de un bien o servicio. A través de redes telemáticas, mediante la realización de operaciones de pago en Internet por quien no es titular de la tarjeta utilizando los datos obrantes en ella. Además, puede emplearse una tarjeta ajena para extraer de manera no consentida cantidades de dinero en cajeros automáticos.

Estas conductas delictivas son castigadas por el Código Penal español como un delito de estafa. En concreto, se subsumen en el art. 248.2 c), introducido por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, que consagra la modalidad de estafa consistente en la utilización de tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje, o los datos obrantes en ellos.

Para consumar los fraudes que acabamos de mencionar, en no pocas ocasiones los delincuentes proceden con carácter previo a falsificar las tarjetas bancarias. Dentro de la falsificación la conducta más extendida en la práctica es la conocida como “clonación de tarjetas”, que consiste en la duplicación de los datos contenidos en la banda magnética para confeccionar otra tarjeta que puede ser utilizada sin desposeer al legítimo poseedor de la suya.
Para obtener los datos que constan en la banda magnética, se utilizan fundamentalmente dos métodos:

  • El primero es el de la colocación de un escáner en el lector de la banda magnética de los cajeros automáticos conectado a un reproductor mp3 de reducidas dimensiones en el que se graban los datos de las tarjetas bancarias. Para ocultar estos dispositivos de grabación se utilizan carcasas fabricadas en policarbonato o metacrilato, pintadas en el mismo color y textura que la interfaz del cajero automático. Las carcasas son pegadas a la superficie del cajero haciendo coincidir las ranuras de las tarjetas o skimmings mediante cintas adhesivas de doble cara. Para completar el método de la información contenida en las tarjetas se necesita el número PIN del usuario, que se obtiene, bien mediante la superposición de un teclado adicional de las mismas características que el propio cajero, que posee un sistema electrónico en miniatura que va almacenando las pulsaciones de los usuarios, bien mediante la instalación de videocámaras en miniatura.
  • El otro método tiene lugar en comercios, restaurantes, bares, gasolineras, etc., en los que el cliente entrega su tarjeta para abonar el importe de su compra. Además de pasar la tarjeta por el datáfono, el empleado del establecimiento pasa la tarjeta por el lector obteniendo de esa manera los datos de la tarjeta.
    Una vez que se han copiado los datos de la tarjeta, por uno u otro procedimiento, los delincuentes proceden a duplicarla para su posterior utilización en la adquisición de bienes y servicios o la obtención de dinero. Esta duplicación o clonación puede ser total o parcial.

En el primer caso se procede a confeccionar de manera íntegra una nueva tarjeta sobre la base de la auténtica. A ello normalmente se acompaña la falsificación de la documentación identificativa correspondiente (D.N.I., pasaporte).
En el segundo caso únicamente se graban los datos en la banda magnética adherida a una “tarjeta blanca” (soporte de plástico sin troquelar y en el que no aparece ningún dato) y se procede a su utilización en cajeros automáticos para sacar dinero introduciendo el número PIN que se ha obtenido previamente de manera subrepticia.

La clonación de tarjetas bancarias aparece penada, como modalidad de falsificación, en el artículo 399 bis con pena de prisión de hasta ocho años.

Aprende sobre éste y otros temas en el Master en Asesoría Jurídica y Fiscal de Empresas

En Estados Unidos la contabilidad es la responsable de los escándalos

Teniendo en cuenta el momento en que se está viviendo, en el que la sociedad se caracteriza por una gran internacionalización de los negocios, es preciso que las normas y principios contables dejen de ser un aspecto nacional, un aspecto local, debiendo pasar a convertirse en un problema a mayor nivel geográfico, pues cuando los negocios se internacionalizan no cabe duda que pueden llegar a colisionar las normas contables de los distintos países que intervienen en tal negocio, siendo preciso que las mismas normas contables tengan un radio geográfico de acción cada vez mayor.

Aunque son muchas las razones que justifican la tan ansiada armonización contable internacional (ampliación de los mercados financieros, incremento de relaciones comerciales a nivel internacional), también existen algunas dificultades (sistemas legales diferentes, relaciones empresa y medios de financiación, niveles de inflación,…). En el momento actual la armonización se está centrando en la búsqueda de unos estándares contables universales, para lo cual se están intentando unificar las normas internacionales de contabilidad (NIC/NIIF), con la normativa estadounidense (FASB), sin que se haya ultimado en el momento presente dicha convergencia.

Fueron los escándalos financieros acaecidos en los Estados Unidos a finales de 2001, los que hicieron perder prioridad a las normas de tal país y se captó una atención muy especial hacia los sistemas de información financiera, levantando una serie de críticas que demandaban a reguladores y emisores de normas contables la revisión y mejora de las mismas. A partir de tal fecha ganaron en credibilidad las NIC/NIIF. En el año 2002 el Congreso de los EEUU emitió la Ley Sarbanes-Oxley, una de las leyes más importantes emitidas en aquel país desde la década de los años treinta (crisis de 1929), orientada a restaurar la confianza del inversor. Dicha ley no tuvo como único objetivo la identificación de los “malos autores”, sino que se llegó a cuestionar si las normas contables jugaban un papel decisivo en facilitar o promover las “malas conductas” de tales autores.

A nuestro modesto modo de ver lo que estaría en entredicho no sería tanto lo recogido en las normas contables, que tienden a ser muy restrictivas, sino el proceder de los autores de las malas prácticas, que probablemente las llevarían a cabo con independencia de cuál fuera contenido de la norma. En tal sentido se pueden ver, como en el caso español, cuyas normas se encuentran en el momento actual muy acompasadas con las NIC/NIIF, la reacción ante escándalos como el caso de Gescartera (2001) o sin ir más lejos el reciente de Gowex (2014) no se ha culpabilizado a las normas contables en vigor sino a sus autores.

Esperemos que la total convergencia en las normas contables, acompañada de una uniformidad en las normas de auditoria, consiga también la no culpabilización a las mismas de la ocurrencia de escándalos y se centren en un mayor control por parte de los distintos reguladores, no sólo de contabilidad sino también de auditoría, pues es frecuente que cuando los reguladores detectan un fraude, un escándalo o estafa, la mala práctica, con frecuencia es muy tarde.

Abritraje y Mediación como métodos alternativos de resolución de conflictos

El ARBITRAJE es un medio para la solución de conflictos basado en la autonomía de la voluntad de las partes. Supone someter las cuestiones litigiosas a la decisión de uno o varios árbitros, renunciando con eso a acudir a los tribunales ordinarios. A través de él las partes pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción civil: una decisión que ponga fin al conflicto con todos los efectos de la cosa juzgada. Constituye, por tanto, una alternativa al proceso judicial. Regulado por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, sus ventajas son:

  • RAPIDEZ. El factor tiempo es esencial porque la propia esencia del arbitraje es la pronta solución del caso de forma definitiva, y por ello la ley establece un plazo de 6 meses, desde la contestación de la demanda.
  • ECONOMIA. Consecuencia de la rapidez, el coste del arbitraje es menor respecto de la justicia ordinaria, dado que a pesar de que al árbitro, a diferencia del Juez, le pagan sus honorarios las propias partes, el hecho de que el litigio se resuelva en única instancia reduce tanto los costes económicos como la economía procesal y los que derivan de la mayor duración del proceso judicial (con varias instancias y recursos). Añádase que en el arbitraje no hay tasas judiciales (y que los gastos de Administración son mínimos), y que las notificaciones son más rápidas y sencillas.
  • PROFESIONALIDAD ESPECIALIZADA. Los árbitros son especialistas en la materia objeto del litigio, en especial cuando la dificultad del caso lo requiere. La realidad social es cada vez más compleja y resulta más fácil, a través del arbitraje, disponer de árbitros especializados en nuevas tecnologías, en propiedad industrial o intelectual, en valoración de empresas en funcionamiento, en derecho de seguros, en vicios constructivos o de edificación, en temas societarios, en temas de empresa familiar, en franquicias, en contratos con elementos internacionales, o deportivos…
  • CONFIDENCIALIDAD. En ocasiones las partes quieren y necesitan evitar la notoriedad pública para evitar riesgos de publicidad de secretos empresariales o industriales, de patentes o marcas. O simplemente para evitar la llamada “justicia espectáculo”.
  • INMEDIACION. La relación de las partes, con los árbitros o con las Cortes de Arbitraje es más flexible, que la que ofrece la jurisdicción ordinaria, empezando con una comparecencia oral, que sienta en la “misma mesa”, sin estrados, a “juzgadores” y “juzgados”.

arbitraje y mediación
La MEDIACIÓN es un método de resolución de conflictos por medio del cual las partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la ayuda de un profesional en mediación, que no tiene funciones decisorias, sino que se limita a gestionar el procedimiento y facilitar el acuerdo. Complementa al sistema judicial. En ningún caso su uso limita el derecho de acudir a la vía judicial. También es posible acudir a mediación suspendiendo la vía judicial ya iniciada.

El acuerdo constituye un contrato privado entre las partes, y por lo tanto, es de obligado cumplimiento. Si se eleva a escritura pública o es homologado judicialmente es título ejecutivo. Regulada por la Ley 5/2012, de 6 de julio (desarrollada por Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre), sus ventajas son:

  1. Es una solución rápida ya que, una vez iniciado el procedimiento, se resuelve en pocas sesiones.
  2. Permite el control de la situación a ambas partes. Las partes recuperan el poder.
  3. El mediador no propone una solución, ayuda a las partes a que ellas mismas construyan un acuerdo beneficioso para ambas. No crea un ganador y un perdedor, ambas partes ganan.
  4. Absoluta confidencialidad.
  5. El procedimiento termina cuando las partes así lo desean, hayan o no alcanzado el acuerdo.
  6. Permite a los negociadores preservar o consolidar sus relaciones comerciales para el futuro. Previene conflictos más profundos
  7. Los gastos son mucho menores que las disputas judiciales, litigios o arbitrajes.
  8. En caso de no llegar a acuerdo, no se cierra otra vía de resolución de conflictos (arbitraje, procedimiento judicial…).

La incidencia de la reforma laboral de 2012 sobre la participación de los trabajadores en los despidos colectivos

La reforma laboral de 2012 manifiesta entre sus objetivos la necesidad de proceder a ordenar la motivación empresarial para extinguir los contratos laborales por voluntad unilateral del empresario por necesidades de funcionamiento de la empresa. Para alcanzar esta finalidad introduce en el régimen del despido colectivo dos innovaciones con las que pretende favorecer la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral.

De un lado, define las causas intentando eliminar las referencias normativas que generan incertidumbre para ceñir el control judicial de las decisiones empresariales. De otro, altera el trámite del periodo de consultas con los representantes de los trabajadores de manera que la negociación queda limitada, como mínimo, a la minoración del alcance del despido así como a las implicaciones sociales del mismo.

La desaparición en el régimen legal del despido colectivo de la necesaria negociación con los representantes de los trabajadores sobre la motivación empresarial para la reestructuración con pérdida de empleo tiene consecuencias significativas para la contemplación de la institución a la luz de las exigencias de los valores pluralistas del modelo democrático de relaciones laborales.
Asesoría jurídica y fiscal - reforma laboral de 2012
El legislador asume la necesaria presencia de una razonabilidad ponderada en la justificación de la medida y ordena la institución en la órbita de la gestión negociada del empleo. Siendo cierto lo anterior, se desplaza la búsqueda del necesario equilibrio de intereses desde un modelo que asumía que la procedimentalización del despido mediante la apertura previa del periodo de consultas es un instrumento necesario para alcanzar un acuerdo que permita resolver, que no eliminar, el conflicto producido en el ejercicio de este poder empresarial, hacia otro de gestión empresarial del empleo que, a salvo de intentar acuerdos que minoren los efectos de los despidos, no fomenta procesos de negociación para definir el interés de empresa como equilibrio temporal que asegure la permanencia de la empresa en el mercado en cuanto soporte de empleo.

En definitiva, el nuevo modelo legal sobre la reestructuración empresarial con pérdida de empleo termina por suponer el debilitamiento de la negociación colectiva al desconocer su valor para ser el instrumento que facilite una composición equilibrada de los intereses en conflicto mediante la participación de los trabajadores en estas decisiones de gestión empresarial.

Los procedimientos monitorio y cambiario en España

Procedimiento Monitorio y Cambiario en EspañaA día de hoy cada vez es más común para las empresas encontrarse ante una de las situaciones más desagradables con las que se puede topar un empresario, que no es otra que la de tener un cliente que no le paga. Lo primero que ha de hacer el acreedor en ese caso es reclamar esa deuda, sirviéndose para ello del envío de un burofax, preferiblemente con acuse de recibo y copia certificada del envío. Si esto no surte efecto y no se logra el acuerdo extrajudicial con el deudor, la única vía que le quedará a la empresa para recuperar el dinero que se le adeuda es el recurso a la vía judicial.

Y aquí nos encontramos ante diferentes tipos de procedimientos a los que el acreedor puede recurrir, según el título que ostente frente al deudor o la cuantía de lo que se le adeude. El acreedor podrá optar entre acudir a un procedimiento ejecutivo como es el procedimiento monitorio, al procedimiento cambiario o directamente al ordinario. Nosotros vamos a concentrarnos en los dos primeros, el procedimiento monitorio y cambiario .

El procedimiento monitorio, sirve para la reclamación de deudas de cualquier cuantía. Originariamente el proceso monitorio limitaba la deuda 30.000 euros; tras la reforma operada por LEC 13/2009, se eleva esa cuantía a 250.000 euros; y en la actualidad tras la ley de Medidas de agilización procesal, de 30 de octubre de 2011, a cualquier cantidad.

Establece la propia Ley que “podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda de otro el pago de deuda dineraria, vencida y exigible”. Estos tres requisitos son indispensables para poder recurrir a este tipo de procedimiento. Una vez que esta deuda cumpla estos requisitos y se haya recopilado toda la documentación que soporte la deuda (a saber, facturas, albaranes de entrega, pedidos, etc.), habrá que presentar un escrito ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del deudor al que se acompañará toda la documentación de que se disponga que permita al Juez valorar que la deuda es dineraria, vencida y exigible. En este escrito deberán consignarse una serie de datos, tales como la identidad del deudor, su domicilio, el del acreedor, el origen, así como la cuantía de la deuda. Una vez presentado el escrito, éste deberá de ser valorado por el Secretario Judicial antes de que el Juzgado emita el oportuno requerimiento de pago al deudor.

Hasta 2009, esta valoración la realizaba el propio Juez, si bien, para descargar sus funciones y hacer más eficiente la figura del Secretario Judicial, se le encomendaron, entre otras muchas, estas funciones de control previo a la emisión del requerimiento de pago. Es igualmente el Secretario quien requiere al deudor para que proceda al pago de la deuda en el plazo de 20 días, plazo en el que el deudor podrá también oponerse al pago total o parcial mediante escrito en el que sucintamente exprese las causas para su postura.

Requerido el deudor para que proceda al pago, éste podrá realizarlo en el plazo de 20 días que se le otorgan al efecto. En caso de que el deudor efectivamente realizase el pago, el Secretario, una vez acreditado el mismo, bien por ser ingresado en la cuenta que el Juzgado haya señalado a estos efectos, bien por que las partes así se lo confirmen por escrito, en caso de que se hubiese producido un pago extrajudicial, se finalizarán todas las actuaciones y se archivarán los autos.

Si el deudor no paga y tampoco se opone al pago, se dará por terminado el procedimiento mediante Decreto del Secretario Judicial, el cual se comunicará al acreedor para que inste la ejecución, tras lo cual se procederá según lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias. Es decir, finalizado el procedimiento monitorio sin pago ni oposición, el acreedor tiene en su poder un título judicial equivalente a efectos de ejecución a una sentencia judicial. Desde el momento en que se despache el auto de ejecución, la cantidad reclamada devengará interés de mora procesal, es decir, , un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o bien el interés que correspondiera por pacto entre las partes o por disposición especial de la Ley. Es por ello que este tipo de procedimientos es tan recurrente en España, ya que permite obtener un título ejecutable en un muy corto espacio de tiempo, si bien el tiempo real dependerá de la agilidad con la que el Juzgado tramite los autos.

Pero también se puede dar el supuesto en el que el deudor se oponga al pago en el plazo de 20 días que la Ley establece para ello, en cuyo caso se dará por finalizado el procedimiento monitorio, notificándose a las partes para que actúen como corresponda. En caso de que la cantidad reclamada excediese de 6.000 €, se dará traslado al acreedor para que en el plazo de un mes presente demanda de juicio ordinario ante el mismo Juzgado ante el que se tramitó el procedimiento monitorio, tramitándose a partir de ese momento el procedimiento por los cauces del citado procedimiento ordinario, es decir, demanda, contestación, eventual reconvención y, en su caso, contestación a la reconvención, audiencia previa, vista de juicio oral y sentencia.

En caso de que la cuantía fuere inferior a los referidos 6000 €, el procedimiento se seguirá por los cauces del juicio verbal. A estos efectos, el Secretario Judicial dará por finalizado el procedimiento monitorio mediante Decreto, en el acordará igualmente la continuación del proceso por los cauces mencionados, convocando a las partes a la vista oral ante el Tribunal, tras la cual el Juez dictará la oportuna sentencia.

Al procedimiento cambiario, al cual sólo tiene acceso aquel acreedor que ostente frente al deudor un título denominado cambiario, es decir, una letra de cambio, un cheque o un pagaré, siempre que estos cumplan los requisitos que la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, establece para esta clase de documentos. El procedimiento se iniciará mediante escrito dirigido al Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado, al que se habrá de acompañar el título original que se hace valer. Una vez presentado el escrito y analizada corrección formal del título cambiario por parte del Tribunal, este actuará en una doble vía, requiriendo al deudor para que proceda al abono de la deuda en un plazo de diez días y, por otra, decretando el embargo preventivo de cuantos bienes del deudor sean necesarios para cubrir satisfactoriamente el importe de la deuda, más los intereses de demora gastos y costas que se pudieran generar en caso de que no se procediese al pago en el plazo estipulado. Es ese mismo plazo de diez días, el deudor podrá oponerse a la demanda cambiaria, si bien únicamente podrá basar su oposición en las causas que establece la propia Ley Cambiaria y del Cheque.

Si no hay oposición y tampoco se produce el pago, el Tribunal despachará la ejecución y el secretario procederá a trabar los embargos necesarios, en caso de que estos no se hubieran podido practicar anteriormente o se hubieran alzado. Si se opusiese el deudor, se convocará a las partes a una vista que se celebrará por los cauces establecidos para el procedimiento verbal, debiendo recaer sentencia en el plazo de diez días. Si la sentencia es desestimatoria y es recurrida, la misma será ejecutable provisionalmente. En caso de que la sentencia fuese estimatoria y la misma sea recurrida, se procederá, respecto de los embargos preventivos que se hubieran trabado, según lo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Civil para la modificación y alzamiento de las medidas cautelares.

Resumiendo lo anterior, estamos ante dos procedimientos que facilitan el cobro de deudas, si bien el cambiario requiere la titularidad de un título cambiario que cumpla las exigencias de la Ley para poder recurrir al mismo. Es un procedimiento muy ágil, ya que se trata de un procedimiento directamente ejecutivo, en el que las posibilidades de oposición por parte del deudor están muy restringidas. En el caso del monitorio, estamos igualmente ante un proceso muy ágil ya que nos permite, en caso de que no haya oposición, obtener en un corto espacio de tiempo, bien el cobro de la deuda, bien un título directamente ejecutable con eficacia a estos efectos de sentencia. En caso de que el deudor se opusiera, se hará necesario el recurso al procedimiento ordinario o verbal en su caso, si bien la práctica nos muestra que es conveniente iniciar en todo caso un procedimiento monitorio por que puede ahorrarnos mucho tiempo y dinero a la hora de recobrar nuestros créditos.

La motivación para emprender

Tipos de Emprendedores - motivación para emprenderEn los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a la palabra emprendedor y ha pasado a ser un término en boca de todo el mundo repetida y repetida a mi parecer, de manera abusiva. Como sabemos emprendedor lo identificamos con persona que pretende poner en marcha una empresa, es decir, persona que va a insertarse o reinsertarse en el mercado laboral montando una empresa.

El objeto de mi reflexión es el cambio de motivación del futuro empresario, tradicionalmente la persona que pensaba en montar su empresa no lo hacía como último recurso o como única opción sino por una claro espíritu emprendedor, por una predisposición empresarial fruto de su experiencia laboral o de sus inquietudes personales, el empresario lo hacía, digamos cordialmente, por vocación. El objetivo en este caso era “hacerse rico” y si no podía ser al menos tener un poder adquisitivo superior al de trabajar por cuenta ajena.

En la actualidad el escenario es totalmente diferente, nos encontramos con muchas personas que son emprendedores “por necesidad” como último recurso y con un objetivo muy distinto al tradicional, únicamente un salario. Es un perfil de desempleado, con más de 40 años, con una larga trayectoria laboral, con cargas familiares, con una prestación agotada o a punto de agotarse y que nunca se hubieran plateado ser empresarios de no ser por la crisis.

Dentro de estos “emprendedores de crisis” nos encontramos con gente muy preparada y con una profesión cuyas únicas carencias son las de carácter empresarial que se toman muy en serio el planteamiento de su empresa, elaboran su plan de empresa y buscan formación y asesoramiento empresarial con lo que sus expectativas de éxito son muy altas y en la mayor parte de los casos su empresa cumple su pequeño objetivo de un salario.

Por otro lado encontramos gente con poca preparación y experiencia laboral en sectores como la construccion, que necesitan además de formación empresarial formación profesional para poder reinsertarse en el mercado laboral. Este tipo de emprendedor suele emprender en empresas de baja cualificación y baja inversión siendo su previsión de éxito muy escasa.

El último grupo de “emprendedores de crisis” son los jóvenes sin experiencia laboral previa y en la mayoría de los casos con alta cualificación. Este colectivo pone en marcha ideas negocio nuevas, innovadoras y en muchos casos basadas en las nuevas tecnologías o en su utilización. Su predisposición empresarial ha sido “inoculada” a lo largo de su vida, en el sistema educativo se presenta como una alternativa laboral el crear una empresa y en todos los medios de comunicación se repite habitualmente esta posibilidad, por lo que como he leído recientemente; “Hoy mis alumnos no quieren trabajar para las mejores empresas, quieren ser los creadores de las mejores empresas” dicho por Iñaki Ortega director general de Madrid Emprende.

Protección del adquirente de vivienda en construcción

En Sentencia de 13 de Septiembre de 2013, la Sala Primera del Tribunal Supremo, en Pleno, ha estimado los recursos por infracción procesal y de casación interpuestos por los socios de la Cooperativa “Jardines de Valdebebas”. Estos cooperativistas iniciaron un procedimiento en reclamación de las cantidades entregadas a cuenta de una promoción de viviendas, ante la inviabilidad de la promoción y la insolvencia de la cooperativa. La demanda fue dirigida contra la aseguradora Asefa con la que la cooperativa había contratado un seguro de caución en beneficio de los cooperativistas. La aseguradora se opuso a la demanda alegando que la póliza de seguro de caución no garantizaba el buen fin de la promoción, sino que lo que garantizaba era que las cantidades ingresadas en las cuentas especiales no se dedicaran a fines ajenos a la cooperativa.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda salvo en la pretensión relativa a los intereses del artículo 20 Ley de Contrato de Seguro (LCS). En consecuencia, condenó a Asefa a indemnizar a los demandantes en cuantía igual a las cantidades respectivamente anticipadas, descontando las que cada uno hubiera percibido, en su caso, en el procedimiento concursal, incrementadas con el interés legal desde su ingreso en las cuentas de la cooperativa.

La Audiencia Provincial revocó esta sentencia, acogiendo la postura de la aseguradora y desestimando las pretensiones de los cooperativistas. Contra esta sentencia interpusieron los cooperativistas recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

protección del adquirenteEl recurso por infracción procesal se articuló en dos motivos. En el primero se denunció la falta de imparcialidad del tribunal que dictó la sentencia recurrida y en el segundo se denunció la errónea valoración de la prueba en cuanto a la fecha de inicio de las obras, que la Audiencia Provincial consideró no había sido fijada, lo que valoró como uno de los elementos determinantes para entender que el seguro no era de los previstos en la ley 57/1968 sobre garantía de las cantidades entregadas anticipadamente para la construcción de viviendas, sino que pertenecía a los denominados seguros de “Tramo I” de la Ley de Contrato de Seguro.

La sentencia de la Sala Primera, de la que ha sido ponente el magistrado Marín Castán, desestima el primer motivo del recurso por infracción procesal razonando que la imparcialidad de los tribunales, garantía esencial del proceso, se asegura mediante las causas legales de abstención y recusación, en las que no incurría ninguno de los magistrados de la Audiencia Provincial.

En cambio, sí estima el segundo motivo por infracción procesal, al entender que la parte recurrente ha demostrado el error patente denunciado mediante la documental aportada, en la que la propia aseguradora había realizado un estudio detallado de las fechas de la promoción.

En cuanto al recurso de casación, la Sala concluye que, tanto por la normativa del seguro de caución como por las propias condiciones de la póliza contratada, lo que se garantizaba era el buen fin de los anticipos, debiendo entenderse por buen fin, «tanto en lenguaje jurídico como en lenguaje vulgar, la compra de los terrenos, el comienzo de las obras, su terminación y la entrega de las viviendas a los cooperativistas», siendo irrelevante que en los certificados individuales entregados se dijera no garantizar la promoción ni la entrega, al ser documentos unilaterales que no podían alterar el contrato bilateral documentado en la póliza ni limitar los derechos de los asegurados.

La Sala considera que «el razonamiento de la sentencia recurrida acerca de que el siniestro era “la realización por parte de los órganos rectores de la cooperativa de gastos desproporcionados para la compra de terrenos etc., y la indiligencia en la gestión y control de la cuenta por la aseguradora que la fiscaliza”» es contrario a la estructura del seguro de caución porque asegurarse frente a la “indiligencia” de la aseguradora equivale a que esta fuera aseguradora de sí misma y no de los cooperativistas frente a los incumplimientos de la cooperativa para con ellos.

La estimación del recurso de casación supone para los cooperativistas la estimación de su demanda, con la consiguiente devolución de las cantidades entregadas más los intereses legales, tal y como se había concedido en primera instancia. A estas cantidades, la Sala Primera añade los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, no concedidos en primera instancia, al entender que el seguro al que se refiere la Disposición adicional primera de la Ley de Ordenación de la Edificación no excluye la aplicación de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro por tener ámbitos distintos, ya que la LOE determina la cobertura del seguro o contenido de la prestación del asegurado; y la LCS determina la indemnización de daños y perjuicios añadida que el asegurador tendrá que pagar a los asegurados si no cumple a tiempo su prestación, como ocurrió, según la Sala, en el caso analizado.

Análisis de la tipología contractual laboral

Tipología contractual laboralLa elevada tasa de contratación temporal (25.4%) unido a la alta tasa de desempleo (27,16 según INE en abril de 2013) ha propiciado distintas propuestas jurídicas a través de las cuales se pretende paliar el desempleo y fomentar la contratación indefinida.

Surge de este modo la propuesta del “contrato único”, auspiciada tanto por parte de las organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME) como por la Fundación de Economía Aplicada (FEDEA).

En concreto, la FEDEA, en las distintas versiones que ha planteado sobre el “contrato único” (vid., www.fedea.net), siempre aparece la idea de reducir la tipología contractual existente; la última versión (la más matizada del año 2012) contempla tres tipos contractuales: el de interinidad, el contrato de formación y el “contrato indefinido a tiempo completo o a tiempo parcial”, canalizándose las “necesidades de carácter estacional” a través de las empresas de trabajo temporal.

Ya no cabe hablar, pues, de “contrato único” porque es clara la necesidad de contemplar la contratación temporal causal y formativa. Superado esa inicial disfuncionalidad que recogía la propuesta de FEDEA en el documento titulado “Propuestas para la reactivación laboral en España” de 2009, las posteriores versiones se centran en el “contrato indefinido”, el cual, a diferencia del ordinario vigente, se pretende que pueda rescindirse unilateralmente por parte del empresario (despido) atendiendo a dos escalas indemnizatorias en función de si el despido se califica de procedente (despidos económicos) o improcedente (cuando no está justificado).

En esta propuesta, el despido nulo con la consiguiente readmisión obligatoria del trabajador y el pago de los salarios de tramitación, queda reservado exclusivamente para los despidos cuyo móvil es discriminatorio o se produce vulnerando derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador (de los comprendidos en los art.14 a 30 de la CE).

Esta propuesta, sin embargo, plantea serios problemas jurídicos. Por un lado, resulta sorprendente la insistencia en vincular el contrato único con la reducción de la contratación temporal cuando lo que está introduciendo el contrato indefinido es en realidad un contrato “formalmente” indefinido que el empresario puede resolver unilateralmente con o sin causa pagando una indemnización cuya cuantía, en los primeros años del contrato indefinido, resulta parecida a la actualmente previstas para los contratos temporales (en 2015, de 12 días de salario por año de salario, según DT 13ª del ET).

Dicho de otro modo, el contrato indefinido en el que consiste la propuesta del “contrato único” es convertir todos los contratos en temporales con mayor o menor indemnización en función de dos criterios: si existe causa o no existe, y el tiempo de servicio prestado por el trabajador en la empresa.

En segundo lugar, la propuesta del “contrato único” en los términos indicados suscita problemas de adecuación al sistema formal y causal que exige el Texto Constitucional y su reconocimiento del derecho fundamental al trabajo ex art.35-1 CE de acuerdo con la doctrina del TC, tanto en los relativo a la exigencia de un despido amparado en forma y justa causa (STC 2 julio de 1981, STC 20/1994 y STC 192/2003) como regido por un sistema indemnizatorio sancionador adecuado a la tutela de un valor constitucional como es el valor del trabajo frente al despido libre (STC 103/1990).

Asimismo, la propuesta del contrato único no se ajusta a varias de las reglas establecidas en el Convenio 158 de la OIT de 1982, ratificado por España en 1985, como es la necesidad de un derecho a consultas de forma previa con los representantes de los trabajadores y la notificación del proyecto de despido a la autoridad laboral en los despidos motivos por necesidades de funcionamiento de la empresa, ni, por las mismas razones, a las exigencias comunitarias recogidas en la Directiva 98/59 sobre despidos colectivos.

La adecuación a tales exigencias constitucionales, internacionales y comunitarias, transforma la propuesta del “contrato único” en un sistema parecido al existente, con sus mismas funciones y sus mismas disfuncionalidades. Por tanto, desde nuestra opinión, son construcciones jurídicamente muy polémicas y muy poco prácticas en orden al cumplimiento
de los objetivos propuestos: disminución del contrato temporal y creación de empleo.